CRÓNICA FINANCIERA TÉCNICA: Fricción Institucional y Riesgo Operacional: El Nuevo Desafío de la Banca Tica

La jornada bursátil en el mercado local se enmarca en una escalada de fricciones regulatorias y políticas, según reportes de medios especializados como Delfino.cr y CRHoy.com, elementos que un estratega de mercados emergentes debe incorporar de inmediato a su modelo de riesgo soberano.

El panorama geopolítico se tensa a nivel doméstico con la aprobación en segundo debate de la “Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero” (Expediente 23.908), un cambio regulatorio fundamental que traslada la responsabilidad objetiva por estafas electrónicas a las entidades financieras, invirtiendo la carga de la prueba en favor del cliente. Este evento se suma a la declaración del Presidente de la República en un descargo público, afirmando que el Ejecutivo debe obedecer, pero no respetar a la Sala Constitucional, una retórica que, junto con el anuncio de una nueva subasta de frecuencias de radio y televisión tras el fallo judicial que anuló la anterior, intensifica la percepción de polarización institucional y de intervencionismo ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. Esta volatilidad en la gobernanza introduce un premium de riesgo sistémico, ya que la fricción entre poderes puede ralentizar la implementación de reformas estructurales necesarias para el rating soberano.

En el eje económico, la nueva Ley de Protección al Consumidor Financiero plantea un cambio radical en el costo operativo del sector bancario. Obliga a los bancos a implementar mecanismos más ágiles de investigación y restitución de fondos, enfrentando la oposición técnica de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). La Sugef ha cuestionado que los plazos de revisión sean insuficientes y que se le asigne un rol cuasi-judicial que desnaturaliza su función de supervisión. A escala global, la imposición de una responsabilidad objetiva estricta a la banca es una tendencia creciente en mercados desarrollados, pero su implementación acelerada en un mercado emergente con debilidades institucionales y alta incidencia de fraude (un caso cada 16 minutos, según datos del OIJ) sugiere un aumento inmediato en los gastos de compliance y un probable deterioro en el Net Interest Margin (NIM) del sector.

La dimensión financiera se ve afectada por la fragmentación del sector, donde el desacuerdo en torno a la ley de estafas digitales ha provocado la renuncia de los bancos estatales a la ABC, partiendo la representación política del gremio financiero. Este quiebre institucional es un red flag para el inversor de deuda y capital, ya que implica una falta de frente común en la gestión de políticas públicas y regulatorias. La presión legislativa y las disputas con el Ejecutivo también inciden en la estabilidad del mercado de telecomunicaciones, con la insistencia del Gobierno en una nueva subasta de frecuencias, manteniendo en vilo una fuente clave de inversión extranjera directa (IED). La incertidumbre regulatoria y la debilidad en la coordinación entre los actores económicos incrementan la prima por riesgo-país, elevando el costo de fondeo para las empresas costarricenses y haciendo más atractiva la opción de desinvertir o reorientar capital hacia jurisdicciones con mayor estabilidad jurídica.

El sentimiento de mercado derivado de estas noticias es de cautela operativa y riesgo institucional elevado. El principal riesgo para el patrimonio de los clientes es el incremento del riesgo de litigio en el sector financiero y la erosión de la confianza en la predictibilidad regulatoria y la estabilidad de las instituciones. Sin embargo, esta coyuntura también presenta oportunidades tácticas: la presión sobre la banca para mejorar sus protocolos de ciberseguridad y compliance podría beneficiar a los proveedores de tecnología financiera (Fintech) y soluciones de GovTech y RegTech con presencia en el mercado local, posicionándolos para capitalizar la inevitable oleada de inversiones necesarias en infraestructura y procesos. Para el inversor de deuda soberana, la estabilidad macroeconómica subyacente de Costa Rica permanece, pero la prima de riesgo político y regulatorio debe ser recalculada al alza.