Costa Rica 2026, semana 6: Estabilidad Política, Riesgos Reputacionales y un Mercado que Busca Señales Claras

La semana inició marcada por la resaca política posterior a las elecciones generales del 1 de febrero, cuyos resultados continuaron dominando la agenda nacional. El Tribunal Supremo de Elecciones confirmó la victoria en primera ronda de Laura Fernández Delgado, quien se convertirá en la quincuagésima presidenta de Costa Rica, consolidando la continuidad del proyecto político del presidente Rodrigo Chaves.
A nivel legislativo, los medios destacaron la conformación de la primera mayoría femenina en la Asamblea Legislativa, con 30 de los 57 escaños ocupados por mujeres, un hito histórico que proyecta un cambio en la dinámica política y regulatoria del país.

En paralelo, la semana estuvo acompañada por una serie de informes económicos que reforzaron la percepción de estabilidad macroeconómica para el 2026. El Banco Central de Costa Rica reiteró que la economía crecería alrededor de 3,8% este año, con inflación aún contenida y presiones externas moderadas, en un entorno donde la demanda interna mantiene dinamismo pese a la desaceleración de la demanda externa.
A su vez, el Grupo Financiero Mercado de Valores publicó su informe de Perspectivas Económicas 2026–2027, proyectando un crecimiento del 3,6%, inflación cercana al 1,4% y un tipo de cambio relativamente estable dentro del rango de ₡505–₡515 por dólar hacia finales del año.

En el ámbito institucional, la Sugeval y Sugese informaron investigaciones relacionadas con un fallido intento de ingresar USD 10 millones a INS Valores, lo que reavivó discusiones sobre controles de lavado de dinero y gobernanza en entidades públicas financieras.
Simultáneamente, la SugeSe cuestionó la idoneidad de la presidenta ejecutiva del INS, un episodio que añadió presión reputacional sobre el conglomerado asegurador estatal.

El clima también jugó un papel relevante: el país enfrentó el paso del Cold Surge #14, que generó vientos fuertes y nubosidad, afectando temporalmente operaciones logísticas y turísticas, aunque sin impactos severos.

Finalmente, la transición política avanzó con la designación de Laura Fernández como jefa de despacho para coordinar el traspaso de poderes, un movimiento inusual que buscó asegurar continuidad administrativa y reducir incertidumbre en los mercados.

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Impacto sobre el sentimiento del inversionista y valoración de portafolios

La confirmación de resultados electorales y la rápida organización del proceso de transición redujeron la incertidumbre política de corto plazo. La continuidad del proyecto oficialista y la composición legislativa con mayoría femenina fueron interpretadas como señales de estabilidad institucional, lo que tiende a favorecer el apetito por riesgo en instrumentos de deuda soberana y corporativa local, especialmente en plazos medios.

Los informes económicos del Banco Central y del Grupo Mercado de Valores reforzaron la narrativa de crecimiento moderado, inflación baja y tipo de cambio estable, un triángulo que suele mejorar la percepción de riesgo país y sostiene la demanda por activos denominados en colones. La expectativa de inflación contenida también implica que las tasas reales se mantendrán relativamente atractivas, lo que favorece la valoración de bonos existentes en portafolios institucionales.

Sin embargo, los episodios regulatorios vinculados al INS y las investigaciones sobre intentos de ingreso de capitales al sistema financiero generaron ruido reputacional. Para inversionistas con exposición a emisiones del INS o entidades relacionadas, estos eventos pudieron introducir una prima de riesgo temporal, especialmente en instrumentos de corto plazo o en emisiones con menor liquidez.

El comportamiento del tipo de cambio, proyectado dentro de un rango estrecho, reduce la presión sobre portafolios dolarizados, aunque la advertencia de volatilidad moderada en el tercer trimestre mantiene la necesidad de coberturas tácticas.

En conjunto, la semana cerró con un sentimiento inversionista relativamente positivo, apoyado por estabilidad macroeconómica y claridad política, pero con atención puesta en la gobernanza de entidades estatales y en la evolución de riesgos externos que podrían afectar exportaciones y flujos financieros.

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