Costa Rica ante el espejo: lo que el debate presidencial revela sobre el riesgo país en 2026

El tercer debate presidencial del Tribunal Supremo de Elecciones expuso con claridad el estado actual del sistema político costarricense: un país sin consensos mínimos, con instituciones bajo presión y con una agenda pública dominada por temas que afectan directamente la percepción de riesgo país. Más que un intercambio programático, el debate funcionó como un diagnóstico involuntario de las tensiones estructurales que marcarán el 2026.

El empleo continúa siendo el punto ciego de la política económica. Mientras la candidata oficialista defendió la creación de 122.000 puestos desde 2022, el resto de aspirantes insistió en que la informalidad del 45% y el desempleo juvenil triplicado reflejan un mercado laboral incapaz de absorber talento. La ausencia de coincidencias sobre la magnitud del problema anticipa que cualquier reforma laboral enfrentará resistencia desde su origen.

La seguridad pública se consolidó como el principal factor de deterioro institucional. La cifra de más de 2.500 homicidios durante la administración actual —mencionada repetidamente en el debate— no solo es un indicador de violencia, sino un elemento que incide en inversión, turismo, logística y confianza internacional. Las acusaciones sobre decisiones administrativas que habrían debilitado la lucha contra el narcotráfico elevaron el tono político y evidenciaron la falta de una estrategia integral.

Educación y salud, históricamente pilares de estabilidad, fueron presentadas como sistemas en retroceso. El deterioro de infraestructura educativa y la crisis financiera de la CCSS se convirtieron en puntos de coincidencia entre los candidatos opositores. El oficialismo defendió avances puntuales, pero la percepción generalizada es que el Estado perdió capacidad de respuesta en áreas críticas.

El debate cerró con un intercambio que confirma la polarización política. La candidata oficialista denunció ataques coordinados, mientras los demás aspirantes responsabilizaron al Gobierno por el deterioro institucional. Este choque no solo refleja la dinámica electoral, sino la fragmentación que condicionará la gobernabilidad en 2026.

Para los agentes económicos, el mensaje es claro: Costa Rica ingresa al año electoral con un entorno institucional frágil, una agenda pública dominada por problemas estructurales y un clima político que prioriza la confrontación sobre la construcción de acuerdos. La lectura estratégica exige prudencia, monitoreo continuo y una evaluación rigurosa de señales que permitan anticipar el rumbo del país en los próximos meses. En particular para el sector productivo nacional.

Costa Rica tiene fortalezas institucionales históricas, pero hoy enfrenta desafíos que requieren visión de largo plazo y capacidad de ejecución. El debate no resolvió dudas, pero sí dejó claro que la gobernabilidad será un factor determinante en los próximos meses.